Un juez ordena la devolución a sus padres de una bebé que fue retirada por el difícil pasado de la madre

La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha tenido que dar un paso atrás por orden del juez y devolverle una niña a sus padres, a quienes les fue retirada hace cuatro meses, con el argumento de que la madre había tenido un terrible pasado que anulaba sus capacidades marentales. Abdel Tahiri y Yumara Oliver, de 32 y 19 años, recuperaron a su hija este martes por la mañana en el mismo sitio en el que se la retiraron el pasado 12 de diciembre, recién nacida, en la Delegación de Bienestar Social de Toledo. Una orden judicial emitida por el juzgado de instrucción número 1 de la capital manchega el pasado 10 de abril así lo establecía: “La medida cautelar acordada resulta totalmente proporcionada y necesaria a la vista de la situación actual existente, pero estableciéndose un seguimiento semanal de la situación de la menor, procediendo la devolución de la custodia a los progenitores, en el plazo más breve posible”. Cuatro días más tarde, el dictamen se ha hecho realidad.

“No me lo creo, parece un sueño, se ha acabado la pesadilla”, decía Yumara con los ojos empañados y su hija ya en los brazos, mientras las técnicas de menores se arremolinaban en las ventanas de la Delegación y trataban de hacerle fotos furtivas con sus móviles a los escasos representantes de los medios de comunicación allí presentes. Abdel enmudeció durante unos minutos, visiblemente emocionado. Amparo, tía de la pequeña, la escrutaba: “No la veo desde el hospital, tiene los mismos ojos que mi hermana”, comentaba.

Aquel 12 de diciembre de 2024, cuando la niña contaba solo seis días y estaba aún en el hospital, las técnicas de la sección de Menores de la Delegación de Bienestar Social de Toledo les retiraron la tutela a estos padres. El motivo, argumentado primero verbalmente y luego por escrito, era principalmente el pasado de “maltrato y abandono” del que había sido víctima la madre en su infancia, que fue tutelada de niña por los mismos servicios sociales. “Hay una historia previa de Yumara, aquí en Protección de Menores, de maltrato y de abandono”, les explicó una técnica en una conversación a la que tuvo acceso EL PAÍS. “Una historia en la que ella ha sufrido todo ese maltrato con un apego desorganizado y todo ese historial que lleva ella de vida hace que, desgraciadamente, las capacidades marentales que tenga estén disminuidas o nulas”, aseguraba. “Además, no tiene red de apoyo”, aseveraba, pese a que vivía ya entonces con Abdel y con su hermana en una casa del Casco Viejo toledano. Una vivienda más amplia que la que compartían con anterioridad, y preparada para recibir a su pequeña: su cuna, su armario con la ropa, sus fotos en la entrada, su carrito... Pero su hija, nacida perfectamente sana y que se había enganchado desde el primer momento al pecho de su madre, nunca llegó.

La entrevista grabada por los padres el 10 de diciembre con la Delegación de Bienestar Social

Desde entonces, la bebé ha estado acogida en el seno de otra familia, mientras los padres litigaban en los tribunales para recuperar a su hija de la mano de su abogado, Julián Sánchez Rojas. Luchaban contra la doble victimización de una madre con una vida pasada difícil y contra el ninguneo absoluto del padre, al que las técnicas de la Sección de Menores aseguraban no conocer y le obviaban plenamente en sus resoluciones. Sin embargo, Abdel había acompañado a su pareja durante todo el embarazo, el parto y en todo el doloroso proceso posterior a la retirada, con entrevistas y actos judiciales. La demanda, presentada por la vía penal por un presunto delito de prevaricación, iba dirigida contra el delegado provincial de Bienestar Social, Maximiliano Muñoz Hernández, que firmaba en última instancia las resoluciones redactadas por las técnicas de menores. Tanto él como la Consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, en sendas entrevistas con este periódico, avalaron la decisión tomada y el trabajo de las técnicas de esta Sección de Menores, cuestionadas en otros casos.

“Nos han dicho que le cuesta un poco tomar el biberón, que es muy tranquila, que por la noche duerme bien y solo se despierta, ella sola, cuando tiene hambre...”, relataban los flamantes papás poco después de recuperar a su pequeña.

El pasado 20 de febrero, tras conocer el expediente y escuchar a las técnicas, a las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Toledo y a los progenitores en el juzgado, la Fiscalía presentó un informe demoledor contra la decisión tomada por las técnicas de Menores. Consideraba la fiscal en su escrito que la drástica medida no estaba acreditada y que “carecía de base fáctica”, y solicitaba la “devolución inmediata” de la bebé a sus padres biológicos. Ahora el juez ha resuelto en el mismo sentido que la fiscal. Sin embargo, del auto destacan los denodados esfuerzos por defender la actuación de las técnicas y de los Servicios Sociales en general.

“De forma precipitada”

“Nadie pone en duda que la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo, velan por los intereses de la menor. Es más, considero que lo hacen de forma tan escrupulosa y con tanta dedicación, que han incoado, con la más absoluta buena fe, pero de forma un tanto precipitada, un procedimiento de urgencia en lugar de un procedimiento ordinario de declaración de desamparo, basado en riesgos potenciales”, escribe el juez en el auto en el que dictamina la medida cautelar de devolución de la menor. “La Consejería de Bienestar Social, como ya he expuesto anteriormente, con buen criterio y con la más absoluta buena fe, y con el único afán de proteger a la menor, lo único que ha pretendido es proteger a la recién nacida de futuros riesgos, buscando para la misma el entorno de protección más adecuado, haciéndolo de forma inmediata y urgente”, insiste el magistrado. “Todo ello sin perjuicio de que luego los padres puedan acreditar que son totalmente aptos para cuidar de su hija y que ostentan las habilidades necesarias para ello, circunstancias que deben dilucidarse en el procedimiento civil tramitado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, señala.

Y, de rondón, el juez manda una advertencia: “Del informe aportado por el gabinete jurídico de la Junta de Castilla-La Mancha, se desprende que en este caso se han llevado a cabo filtraciones a los medios de comunicación de datos relativos a la menor, así como de conversaciones privadas mantenidas con técnicos de la Consejería, por lo que, sin perjuicio de la medida cautelar solicitada, tales conductas ponen de manifiesto un riesgo y un peligro para el bienestar de la niña y, por tanto, podrán dar lugar, en caso de reiterarse, a la revocación de esta medida o en su caso a la adopción de otras medidas con la finalidad de proteger a la menor, sin perjuicio de que se deduzca testimonio de tal cuestión para que sea objeto de investigación”.

Pero, a pesar de todo lo expuesto, concluye: “Dicho esto, este magistrado considera que al valorarse únicamente riesgos potenciales y no ponerse de manifiesto por ahora, riesgos concretos y objetivos, considera que de una forma más progresiva, lo conveniente es adoptar cautelarmente una medida menos gravosa, pero con el correspondiente seguimiento exhaustivo por parte de los Servicios Sociales”. Y emplaza a que el procedimiento —una vez archivada por su parte la vía penal— continúe por la vía civil en el juzgado de primera instancia que corresponda.

Así que, ”cautelar y provisionalmente”, la hija de Abdel Tahiri y Yumara Oliver dormirá en su cuna, en su casa del precioso Casco Viejo de Toledo, donde la esperaban sus padres hace cuatro meses para formar una familia.